COMUNICADO DE FECODE

FECODE RECHAZA

EL NUEVO DECRETO DE EVALUACIÓN ESCOLAR

Colombia sufrió durante 7 años la imposición del Decreto 230/02 por el cual se implantó la Promoción Automática: el 95% de los niños obligatoriamente debieron ser promovidos al curso siguiente sin importar el nivel de aprendizaje alcanzado; mucho daño le produjo a la niñez y a la calidad de la educación semejante norma defendida a capa y espada por el Gobierno Nacional.

Ante los nefastos resultados y la presión del magisterio, padres de familia y el mundo académico, el gobierno se vio obligado a sustituir esa norma por el Decreto 1290 de abril de 2009, expedido unilateralmente, que resultó igual o peor que su antecesor; veamos por qué:

La educación al servicio de intereses internacionales. 

El decreto en mención amarra los contenidos educativos, planes de estudio, Proyectos Institucionales “PEI”, fines y propósitos de la educación a los estándares internacionales diseñados e impuestos por el Banco Mundial convirtiendo en obligatoria la participación de los estudiantes en las pruebas internacionales y del ICFES (artículo 1º y 11), para comparar “Los Desempeños”, “el Saber Hacer” o “Las Competencias” de niños y jóvenes  bajo unos parámetros de medición extraños a nuestra cultura, construidos en  favor de poderosos intereses económicos e ideológicos que pretenden apoderarse de las economías y sistemas educativos del mundo, como sucede con los Tratados de Libre Comercio y las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC)

 

Las certificaciones, acreditaciones, pruebas censales, evaluaciones de desempeño y evaluaciones institucionales, el gobierno las ha convertido en mecanismos de control y dominación, mediante ellas se rotula, selecciona para premiar o castigar una falsa calidad de la educación que según el neoliberalismo es  aquella que satisface los intereses y necesidades del mercado y el capital. 

FECODE y el magisterio colombiano nos oponemos a la “Estandarización de Desempeños” de los alumnos y exigimos una educación de calidad que forme integralmente en los saberes disciplinares, valores democráticos, la ética, la estética, la crítica y el trabajo; que no esté en función únicamente de  pruebas internacionales y nacionales de evaluación. 

Muy contrario a lo que pregona el gobierno la autonomía escolar desaparece. 

Dice el decreto que las instituciones pueden hacer lo que quieran en el ¿cómo evaluar?, pero el gobierno se arroga el derecho de decidir el ¿qué? y el ¿para qué se evalúa? y aclara que si no le gusta el ¿cómo se evalúa? también interviene en ese campo evaluando los Sistemas Institucionales de Evaluación para diseñar los correctivos; en eso consiste la tan publicitada “Autonomía Institucional” (artículos 5, 8, 9 y 10). 

El Decreto 1290/09 pretende derogar  la autonomía escolar consagrada en el artículo 77 de la Ley 115/94 definida como: la capacidad de las instituciones educativas para decidir, organizar y definir los planes de estudio, currículo, métodos de enseñanza incluida la evaluación, proyectos educativos;  todo orientado a cumplir los fines, objetivos y propósitos de la educación contemplados en la Ley General de Educación. 

También busca el decreto apropiarse del ¿para qué se evalúa?, mientras la pedagogía considera la evaluación una valiosa herramienta de trabajo en el afianzamiento y construcción del conocimiento, el gobierno la utiliza para estandarizar, homogenizar, clasificar y estigmatizar a niños e instituciones educativas, en su frenética carrera de descrédito a la  educación pública buscando  justificar su  privatización. 

La autonomía escolar se lanza por la borda cuando el gobierno impone los estándares básicos; es demagógico que el gobierno a nombre de una rara autonomía, obligue a las instituciones educativas  a: “adoptar criterios y procesos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo anterior”. (inciso 2º, artículo 7º), sin dar garantías para que dicho mandato de promoción total se cumpla, pues no hay asignación de nuevos recursos humanos, pedagógicos ni financieros, tampoco disminución de asignaciones académicas a los educadores; crear nuevas obligaciones sin los medios para cumplirlas, se  constituyen en una trampa que lanza al caos institucional la educación pública. 

Ante la negativa del gobierno a concertar temas  la política educativa, como la evaluación escolar con el gremio de la educación, hemos iniciado un importante, amplio y democrático diálogo con la sociedad y los actores educativos,  en búsqueda de hacer realidad una evaluación dialógica, objetiva e integral, en concordancia con la  autonomía escolar contemplada en la Ley 115 de 1994 que contribuya a la construcción de una propuesta alterna de educación y pedagogía,  para enfrentar  la política educativa del Estado. 

COMITÉ EJECUTIVO FECODE 

SENÉN NIÑO AVENDAÑO                              LUIS EDUARDO VARELA REBELLÓN

        Presidente                                                               Secretario General