ESTADO, SIN RECURSOS PARA GRATUIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO

TOMADO REVISTA SEMANA
En la noche del pasado martes, la plenaria del Senado aprobó en segundo debate un proyecto de acto legislativo que busca modificar el artículo 67 de la Constitución para establecer, como derecho fundamental, la educación preescolar, básica y media en todo el país.
En pocas palabras, lo que busca el proyecto es que la educación sea gratuita en las instituciones públicas y para todos los habitantes de entre 3 y 18 años de edad. Actualmente la Constitución establece esta cobertura para las personas de 5 y 15 años, excluyendo la educación media, es decir, los grados décimo u once de la secundaria.
El proyecto, de iniciativa de los senadores del Polo Luis Carlos Avellaneda y Jorge Guevara fue aprobado de forma mayoritaria por la plenaria del Senado. Y aunque le faltan seis debates para convertirse en reforma constitucional, el Gobierno prendió las alarmas por las consecuencias fiscales que traería las disposiciones de este proyecto.
En una carta dirigida al Congreso, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, advirtió que los alcances de esta iniciativa le supondrían al país cerca de diez billones de pesos.
Para Echeverry, este acto legislativo implica costos adicionales que no cuentan con financiación, tales como la expansión total de todos los niveles y grados académicos, los efectos sobre el acceso a la educación básica obligatoria de poblaciones futuras.
Por eso, en la carta dirigida al Congreso, Hacienda consideró que el proyecto “no es viable porque estaría sobrepasando el marco fiscal de mediano plazo del sector educativo”. Por eso, el ministro Echeverry le pidió al Congreso analizar la posibilidad de archivar la iniciativa.
Para el senador del Partido Verde, el economista John Sudarsky, fue “irresponsable” la decisión del Senado de aprobar el proyecto en segundo debate. “El proyecto implica un costo adicional de $10 billones de pesos para el país. Esta cifra es superior al déficit fiscal que ya existe (8 billones de pesos), y su aprobación dejaría al Estado Colombiano con un déficit de 18 billones de pesos, con graves consecuencias para la Economía”.
Sudarsky considera que el aumento del déficit obligaría al Estado a endeudarse en dólares aumentando la reevaluación del peso, lo cual tendrá consecuencias negativas para la industria y afectará el empleo negativamente.
Este proyecto pasará a consideración de la comisión primera de la Cámara de Representantes, donde el debate volverá a revivir las consideraciones expuestas por el Gobierno.