510 niños de transición y primaria de la sede C del Instituto Técnico Nacional de Comercio (Instenalco), en el centro de la ciudad, se quedarán sin donde estudiar porque el plantel donde reciben las clases fue entregado a los propietarios el pasado 12 de enero.
Así lo manifestó el rector Zócimo Ramírez Mantilla, que no está de acuerdo con que el inmueble haya sido entregado sin haber definido la situación de los menores que en este momento no saben dónde van a estudiar.
Señaló que la notificación de la entrega del inmueble le llegó el 11 de enero, un día antes, y que no fue llamado a la conciliación entre las partes para llegar a un acuerdo. “No se sabe si el concepto jurídico emitido por la Secretaría de Educación es legal o ilegal”.
Los padres de familia, en reunión que se llevó a cabo el lunes pasado en la sede principal del Instenalco, le manifestaron que no aceptan que sus hijos sean trasladados en otra institución a no ser que el municipio les asigne un sitio para la sede C.
Serafín Bautista Villamizar, Secretario de Educación, afirmó que se está estudiando la situación para que se postergue la entrega del inmueble y no afecte el año escolar de los menores.
El funcionario dijo que existe la posibilidad de prorrogar por un tiempo más, pero que solo hasta el viernes se conocerá que decisión se toma, luego de una reunión entre los representantes jurídicos de ambas partes.
Ese día se conocerá si los niños de preescolar y primara continúan en ese inmueble o son trasladados a otras instituciones, señaló Bautista Villamizar.
Los propietarios del inmueble, donde por muchos años funcionó el plantel educativo sobre la calle 8 entre avenidas 6 y 7, será demolido para construir un centro comercial similar a los de San Andresito.
La sede C del Instenalco fue vendida el 19 de julio del 2007 por el entonces alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, a los comerciantes Holguer Vanel, Francisco Rogelio y Jesús Leonardo Conde Reyes, y Ana Lucía Reyes Quintero.
La casona tiene 584 metros cuadrados y el metro cuadrado en ese sector de la ciudad está entre $900 mil y $2 millones 400 mil.
En el Juzgado Primero Administrativo de Cúcuta existe una acción popular para frenar la entrega del colegio, alegando que se trataba de un bien destinado a la prestación de un servicio público.
La acción popular fue interpuesta por la ex alumna y madre de familia Yolima Ramírez, hasta la fecha se desconoce si fue fallada o no. Pese a esta situación, el plantel de la calle 8 fue entregada a sus nuevos propietarios.
Fotos y texto periódico La Opinión
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