Tomado Periódico La Opinión
En las arenas movedizas se hunde la Alcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos Rodríguez, por el mal manejo de los recursos que van estrictamente dirigidos para inversión social.
El año pasado utilizó inadecuadamente gran parte de la plata que el Gobierno giró del Sistema General de Participaciones (SGP). El Ministerio de Hacienda lo comprobó y ella lo admitió públicamente.
A comienzos del 2010 prometió no volver a pecar. El acto de contrición lo estampó en un decreto. Sin embargo, el arrepentimiento no fue real, porque desde tiempo atrás había dejado todo listo para la repartición de contratos a manos llenas, muchos para burocracia.
Hay que remontarnos al 22 diciembre del 2009 para descubrir el trasfondo de la operación. En aquél tiempo, la Dirección de Apoyo Fiscal expidió la Resolución 3656 que desenmascaró el cambio en la destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones.
Las leyes 617 del 2000, 715 del 2001 y 1176 del 2007 quedaron violentadas, al pagar personal para asesorías con dineros del SGP, que está prohibido.
Catorce evidencias, que sumaron $277’917.700, sacó a relucir el organismo nacional para demostrarles a la gobernante municipal y a la ciudad, las equivocaciones cometidas. (Ver facsímiles 1 y 3).
Al meter la sonda, la comisión investigadora percibió un mal olor al pescar órdenes de prestación de servicios en la Secretaría de Hacienda, que fue la campeona en esta contratitis. Atrapó otros del despacho de Desarrollo, del Sisben y para el fortalecimiento del programa presidencial Familias en Acción.
En la vitrina, a la vista de todos, quedaron expuestas las ‘perlas negras’ del error, entre las que resplandecen:
-Prestación de servicios de fortalecimiento del Área Dirección de Hacienda con el soporte mensual y mantenimiento del software de gestión y facturación de impuestos. Valor: $104 millones.
-Prestación de servicios para recepcionar y digitar las novedades, quejas y reclamos que presenten las madres cabezas de familia de las asociaciones. Valor: $8’100.000.
-Prestación de servicios profesionales en la formulación, seguimiento de proyectos de la Secretaría que beneficien a madres cabeza de familia, pertenecientes a las asociaciones del área rural y urbana. Valor $13’500.000.
-Aplicación y tabulación de la encuesta diagnóstico socioeconómico de los dignatarios de juntas comunales de la Comuna 10. Apoyar a la Secretaría de Desarrollo. Valor: $4’000.000.
-Contrato de prestación de servicios en el proceso de revisión, clasificación y digitación de los pagos a la población en el nivel uno del Sisben. Valor: $6’000.000.
Los comisionados detectaron incumplimientos garrafales de las normas. Por esa razón, dejaron en claro que el artículo 21 de la Ley 1176 del 2007 establece que para municipios de categoría especial, primera, segunda y tercera, el ciento por ciento de los recursos de propósito general debe ser destinado a inversión.
La fórmula consiste en calcular el 4% sobre el total de los recursos para deporte y recreación, el 3% para cultura y el 10% para el Fondo Territorial de Pensiones (Fonpet).
Los dineros restantes deben ser destinados a inversión, en desarrollo de las competencias asignadas por la ley.
A los alcaldes les resulta imperativo saber que ni un centavo de la plata proveniente de la Participación de Propósito General de forzosa inversión se puede emplear para financiar personal administrativo. Ese tipo de gastos están caracterizados como de funcionamiento, de acuerdo con el parágrafo cuarto del artículo tercero de la Ley 617 de 2000.
Ahí se lee claramente que los contratos de prestación de servicios para el desarrollo de actividades administrativas se clasificarán para los efectos de la Ley 617, como gastos de funcionamiento.
Volvió a caer
La duda sobre la forma de actuar de la Alcaldesa de Cúcuta continúa rondando. Ella conduce un municipio de categoría primera con una serie de condiciones especiales. Al violarlas se invaden los terrenos de los Códigos Penal y Disciplinario que definieron severos castigos de prisión, destitución, inhabilidad política y millonarias multas.
El 26 de enero de este año, Riascos Rodríguez adoptó el programa de saneamiento fiscal y financiero con la obligación de no contratar, ni gastar un solo centavo de los recursos propios, del sistema general de participaciones y de cualquier otra renta de destinación específica.
El tiempo de vigencia de la ‘congelación’ aplicada en el Decreto 0050 quedó dependiente de la planeación, implementación del banco de proyectos y de que las iniciativas de inversión tuvieran los indicadores y metas para la evaluación y seguimiento.
Pudiera resultar sorpresivo que el bloque de rígidas exigencias establecido se cumpliera en menos de 48 horas, por la oleada de contratación que sacudió al Palacio Municipal en los últimos días del primer mes del año.
Entre cielo y tierra no hay nada oculto. La gran jugada que permitió consumar el pecado la armó la alcaldesa Riascos Rodríguez entre el 22 y el 26 de enero. Sacó la carta marcada que tenía escondida en la manga. Se trata de las disponibilidades y registros presupuestales para garantizar los pagos a los contratistas favorecidos por la Alcaldía humana, solidaria y competitiva.
Como instrumento adicional, y debido al acoso de la Ley de Garantías que entró a regir el sábado 30 de enero, la alcaldesa le agregó más horas al viernes 29 de enero para poder seguir contratando.
El alargue lo hizo mediante el Decreto 0061 del 27 de enero (ver facsímil 2). Sobre esto hay pedidos de investigación a las autoridades competentes. La ampliación de la jornada de labores administrativas sin atención al público se extendió de las 6:01 de la tarde a las 11:50 de la noche.
La Contraloría Municipal detectó que hasta el día 29 del primer mes de este año, la Alcaldía firmó 798 contratos directos por valor de $21.860 millones.
Ahí figuran 42 de educación por $14.306 millones, considerados necesarios para garantizar la cobertura del servicio. Aparecieron otros 586 que valieron $5.683 millones entregados con cargo a la Secretaría General. El organismo de control los puso en la mira por la violación de las severas restricciones impuestas.
Ninguno tuvo como propósito la pavimentación de calles o la construcción de casas para las familias pobres y destechadas.
Del registro de presupuesto de gastos de la Alcaldía entre enero y febrero del 2010 afloraron más evidencias. Se trata del listado de contratos para pagarlos con cargo al rubro 132301, que por ley no debe usarse para funcionamiento, como se hizo.
El cumpleaños de Cúcuta, el Centenario de Norte de Santander y el Bicentenario del Grito de Independencia sirvieron de caballito de batalla en esta cuestionada maniobra.
-Por $10 millones, fue llamado Carlos Arturo Peña Ardila para que mediante prestación de servicios apoyara y fortaleciera las expresiones multiculturales que se desarrollen en la conmemoración del cumpleaños del municipio, en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la creación del departamento.
-A Claudia Liliana Rojas Pinto, también por prestación de servicios, le dieron $32 millones para fortalecer las expresiones multiculturales que se hagan en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la creación de Norte de Santander, en la conmemoración de la Batalla de Cúcuta.
Dentro de las curiosidades brilló el caso de Ángel Ureña Vergel. Su contrato de prestación de servicios No. 0199 del 2009 apareció en la lista negra de la Dirección General de Apoyo Fiscal, por cambio de destinación de recursos.
En esa oportunidad tuvo a cargo el mantenimiento del hardware y software que maneja la Secretaría, dentro del proyecto de fortalecimiento del programa presidencial.
Y quién lo creyera, Ureña Vergel reapareció en el grupo de beneficiados con la oleada contractual de comienzos del 2010.
-Dar seguimiento, control y evaluación a los programas contenidos en el software y hardware relacionado con la base de datos del observatorio de asuntos de género del municipio, fortaleciendo la capacitación de gestión de la Secretaría de Equidad y Género, le encomendaron de tarea para pagársela con plata del Sistema General de Participaciones.
Al profundizar en el análisis, llamaron la atención los $50 millones distribuidos entre Diana Carolina Triana Vergel, Luz Carolina Riveros Monroy y Jennifer Zulia Dávila Urbina, para “prestar asistencia técnica y profesional en el impulso de misiones y ferias empresariales de Cúcuta”.
Una cantidad igual les fue distribuida a Edison Contreras Rodríguez, Leonardo Díaz Guecha, Francisco Joves Quintero, Edwin Vargas Castro, Henry Rojas Llanes, Walter Santander Caballero y Néstor Martínez Soto para la “prestación de servicios profesionales para la realización de un diseño de plan de mercado” de la capital de Norte de Santander.
Por los primeros lugares dentro de la lista de contratos con objetivos tan singulares y llamativos entraron en la puja tres que sumaron $48 millones.
-Prestar asistencia técnica en los corregimientos para reactivarlos con estrategias de identidad en busca de una activación económica, es el propósito común de los mismos, a cargo de William Correa Monroy, Rodrigo Vergara Cardona y Lola Duarte Camero.
En el registro presupuestal de enero, la Alcaldía de Cúcuta los ubicó bajo el título: “promoción de otras actividades en los corregimientos como turismo ecológico, agrario y de aventura y actividades artesanales”.
Frente a hechos similares detectados en el monitoreo que cubrió el periodo enero del 2008 -septiembre del 2009, el Ministerio de Hacienda alertó sobre la existencia de “contratos con el mismo objeto o con una similitud tal, que parece configurarse el fraccionamiento de contratos”.
Por lo ocurrido, a la alcaldesa se le olvidó o nunca leyó las “Orientaciones para la programación y ejecución de los recursos del sistema General de Participaciones –SGP-2009”.
Se trata de un documento del Departamento Nacional de Planeación para los alcaldes y autoridades territoriales. La ex directora del organismo, Carolina Rentería escribió en la introducción una sentencia que aquí fue desatendida o malinterpretada:
-Invitamos a las autoridades territoriales a utilizar los contenidos del presente libro como guía de consulta de carácter indicativo, que pretende promover el uso transparente, eficaz y eficiente de los recursos del Sistema General de Participaciones.
Es tan preciso en los detalles, que parece un manual de vuelo, para evitar estrellarse. En la página 278 consignó: “en cuanto a la asistencia técnica, en este punto cabe precisar que no es posible financiar asesorías con el propósito de atender el cumplimiento de las labores recurrentes de la administración, como por ejemplo, asesorías jurídicas, asesorías contables u otra de similar naturaleza”.
Simultáneamente, otro gran botón de prueba salió volando de la ejecución presupuestal a marzo de este año. Allí aparece que del Sistema General de Participaciones fueron comprometidas inversiones equivalentes al 41,86% de los $169.180 millones previstos.
Es decir, la alcaldesa María Eugenia Riascos Rodríguez desoyó las advertencias y gastó el equivalente a $70.825 millones, pese a estar vigente el Plan de Desempeño o de apretón del cinturón para salvar de la catástrofe financiera al municipio.
Igual suerte corrió la asignación especial para programas de alimentación escolar. Pese a la promesa de dejarla quieta en el 2010, invirtió el 99,91% de los $951,8 millones presupuestados, o sea, comprometió $951 millones sin haber sido girados por la Nación.
Aquí surge una interrogante: ¿será que el Ministerio de Hacienda no se ha dado cuenta? ¿Qué dicen Ana Lucía Villa de la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF), y Arcesio Valenzuela Ordóñez, coordinador del plan de desempeño?
El 4 de diciembre del año pasado, esa cartera dio a entender que los hechos que riñan con la ley, los llevará ante la justicia.
“Ante el conocimiento de irregularidades por parte del Ministerio, el procedimiento a seguir es dar traslado a los órganos de control para lo de sus competencias”, escribió al contestar un derecho de petición.
FIESTA DE DISFRACES
De la caja de Pandora surgió la denuncia del dirigente comunal Oscar Angarita Vega ante la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, sobre la utilización de ‘disfraces’ en la Alcaldía de Cúcuta para pagar cuentas con recursos de la Ley 715.
Los servicios de una miniteca se costearon mediante los contratos de prestación de servicios 629 y 630 del 29 de enero del 2010, reseñó en el derecho de petición del 27 de abril.
Los $55 millones destinados al ‘minitequero’ se sacaron por el apoyo integral al fomento de la producción cultural en las actividades y acciones que se realicen en el marco del programa de cultura ciudadana y convivencia pacífica, y a la difusión y divulgación de las diferentes actividades, con el propósito de fortalecer la formación de las expresiones multiculturales en el municipio.
Y mientras ustedes desenredan este galimatías, veamos otra sorpresa puesta en conocimiento de Ana Lucía Villa Arcila, de la oficina que ordenó aplicar el Programa de Desempeño, por parte de Angarita Vega.
-La entrega de material de oficina fue sufragada con el contrato de prestación de servicios 628 del 29 de enero para la prestación de servicios de apoyo integral para la creación de espacios artísticos y culturales con el fin de promover culturas de paz en el municipio, en el marco del programa de cultura ciudadana y convivencia pacífica.
Y la piñata arrojó más hechos contrastantes. A Efraín Alexander Pacheco Rojas lo llamaron para hacer el mantenimiento y conservación de monumentos que hacen parte del patrimonio inmueble histórico y cultural del municipio. Para esa misión, la Alcaldía de Cúcuta le asignó $32 millones del Sistema General de Participaciones, el 28 de enero.
Como el tiempo pasaba y de obras no se veía nada, la Secretaría de Cultura recibió un derecho de petición para que explicara lo ocurrido. El 5 de mayo, la secretaria Ana Lucrecia Carrillo entregó una colorida respuesta:
-Se van a hacer intervenciones para conservar los monumentos de Cristo Rey y Juana Rangel de Cuellar. El contrato se encuentra suspendido a petición del contratista, quien argumenta que ha tenido algunos problemas de seguridad y le han sido robadas herramientas de trabajo y materiales para ser utilizados en la obra.
PROMESAS
Al devolver las hojas del almanaque, el 22 de diciembre del año pasado se ‘escuchó’ una voz que desde la Dirección de Apoyo Fiscal le fijó a la Alcaldía los lineamientos a seguir, en la Resolución 3656.
El recetario planteó evitar la asignación de dineros a proyectos que no están definidos como financiables con el Sistema General de Participaciones, minimizar la contratación de órdenes de prestación de servicios y racionalizar el gasto.
La hoja de ruta le recomendó al municipio proponer acciones que garanticen la eficiente y eficaz administración y ejecución de los dineros del Sistema General de Participaciones.
La recordación sirve para puntualizar que la Alcaldía de Cúcuta, en el Decreto 0083 del 12 de febrero, que recogió sus culpas y errores, asumió varios compromisos para enderezar el camino y no volver a caer.
Prometió someter a revisión los contratos suscritos entre el 1 de enero y el 12 de febrero para determinar que los objetos se ajusten a los criterios de gastos financiables con el Sistema General de Participaciones-Propósito General y Asignaciones Especiales.
Los que contravengan la normatividad vigente tienen que ser liquidados o sometidos a la modificación de la fuente de financiación por recursos propios.
Al haber hecho pagos con cargo al Sistema General de Participaciones-Propósito General y Asignaciones Especiales, la Alcaldía anunció que hará los ajustes para compensar con recursos propios los valores pagados por dicha fuente.
Respecto de los contratos que se suscriban a partir de la aprobación del Plan de Desempeño, el municipio admitió la obligación de garantizar que los objetos contractuales se ajustan a los criterios de gastos financiables con el Sistema General de Participaciones-Propósito General y Asignaciones especiales.
DENUNCIAS
El citado decreto firmado por la Alcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos Rodríguez, fue utilizado como evidencia para demandarla por presunta desviación de recursos.
A la Fiscalía Primera de Administración Pública de Cúcuta le fue entregado el Plan de Desempeño, en que ella confiesa el cambio de destinación de dineros en 14 contratos, de una muestra al azar.
Desde finales del mes pasado, el derecho de petición de Oscar Angarita Vega busca que la Dirección de Apoyo Fiscal mande a la justicia y a los organismos de control la cascada de irregularidades que encontró.
Es decir, pretende que la alcaldesa y los subalternos comprometidos, sean denunciados por el Ministerio de Hacienda ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, por las irregularidades en que incurrieron en el 2009 y en el 2010.
Ellos se denuncian
De la Alcaldía de Cúcuta salieron los pedidos de averiguaciones disciplinarias y penales sobre el uso de los dineros del Sistema General de Participaciones.
El 28 de abril de este año, la jefa de la Oficina de Control Interno Disciplinario, Carole Ruíz Carrillo, les escribió al procurador departamental Nelson Flórez Alarcón y a la Fiscalía General de la Nación.
Al plantear falta de competencia funcional para investigar a la alcaldesa María Eugenia Riascos Rodríguez, dejó el caso en manos del Ministerio Público
En el oficio enviado al organismo judicial, la funcionaria reseñó el derecho de petición del 20 de abril en el cual Oscar Angarita Vega solicitó abrir un proceso penal para determinar posibles responsabilidades en el caso.
El mismo trámite lo cumplió ante el despacho del Contralor Municipal, Gregorio Angarita Lamk, para que indague las presuntas irregularidades en la contratación y manejo de los recursos del SGP, correspondientes a la vigencia 2009-2010.
Lo que dicen los códigos penal y disciplinario la luz del Código Penal, el cambio en la destinación de los recursos se tipifica como peculado por aplicación diferente.
¿Qué tal esto?
En la Secretaría de Hacienda Municipal también se registró una ‘pecadora operación’ con parte de la inversión de los recursos propios.
Se hicieron más de 80 contratos que superaron los $840 millones, enfocados al cumplimiento del ‘apretón de cinturón’ para sanear las maltrechas finanzas locales.
Dos hechos claves hay que tener en cuenta: la aplicación del programa de saneamiento fiscal y financiero empezó el 26 de enero, y el 12 de febrero entró en vigencia el plan de desempeño.
Lo raro y extraño es que las órdenes de prestación de servicios se celebraron entre el 20 y el 29 de enero del 2010.
El Programa de Saneamiento Fiscal que lleva la firma de la alcaldesa María Eugenia Riascos Rodríguez consignó la advertencia de no invertir recursos propios, salvo para el cumplimiento de estrictos requisitos previos.
Curiosamente, siete días antes de ver la luz el decreto que le dio vía libre al ajuste, ‘nació’ un contrato de prestación de servicios por $26,9 millones para el control, evaluación y seguimiento de los procesos administrativos y de planeación para el desarrollo y sostenibilidad del programa de saneamiento fiscal y los planes de desempeño. (Ver facsímil 5)
Hay uno de $25,2 millones destinado al alquiler de computadoras para organizar los archivos y la base de datos de los contribuyentes de impuestos municipales “en cumplimiento del programa de saneamiento fiscal y financiero”.
Otro de $5,7 millones, aparece con un largo eufemismo para describir el puesto de un empleado de casilla. “Prestación de servicios para dar apoyo administrativo en atención al público en ventanilla para fortalecer los programas de fortalecimiento de rentas municipales enfocados al cumplimiento del programa de saneamiento fiscal y financiero, suscrito con el Ministerio de Hacienda”.
En el registro presupuestal figuró uno más por $12’000.000 para la planeación de las actividades de fiscalización adelantadas por la subsecretaría del área de gestión de rentas e impuestos, con el mismo fin.
¿Será que este bloque de procesos contractuales es para garantizar derechos fundamentales, como lo establece la única excepción prevista en el Decreto 0050 del 26 de enero del 2010?
Ramírez prendió el ventilador
El Secretario de Hacienda del Municipio, Alfonso Ramírez Hernández, encendió el ventilador contra la administración del ex alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo.
Lo señaló con el dedo acusador de estarle pagando a los que calificó “perseguidores de oficio”, como Oscar Angarita, quien “viene persiguiendo al municipio permanentemente” con derechos de petición y demandas en la Procuraduría y la Fiscalía.
-Para ver si me lo quito de encima, le voy a decir que como es tan juicioso y quiere tanto al municipio, le tengo esta información para que amplíe la demanda y denuncie a Ramiro. Ahí están, igualitos, los contratos del Sistema General de Participaciones que hicieron en el 2007, 2006, 2005 y 2004, declaró el funcionario.
Para probarlo, entregó un paquete de documentos del registro presupuestal de gastos de esa época, que contiene órdenes de prestación de servicios pagadas con dineros del rubro 132301, del SGP propósito general. (Ver facsímil 6)
Leyó varios correspondientes al fortalecimiento de las secretarías de Hacienda, Tránsito e Infraestructura, del sistema de gestión de calidad, apoyo integral a mujeres microempresarias cabezas de familia y el Sisbén, entre otros.
Al exponer la revelación, Ramírez Hernández se mostró sorprendido porque aunque otras administraciones hicieron lo mismo, “nadie ha hecho ningún escándalo, ni ningún Plan de Desempeño, ni ninguna demanda, ni ninguna denuncia”.
Una comisión de la Dirección General de Apoyo Fiscal, en una muestra aleatoria entre el 2008 y septiembre del 2009, detectó que los objetos de 14 contratos no podían financiarse con recursos del propósito general.
-La posición de la Alcaldía de Cúcuta es que esos contratos son absolutamente necesarios para el desarrollo de las actividades que se contratan con Sistema General de Participaciones. Es un apoyo a esas inversiones. Se necesita esa gente. Es costumbre de la administración, no solo de esta sino de las de años anteriores, hacer esto, dijo el Secretario de Hacienda.
Y al mezclar el pasado con el presente lanzó esta aseveración: “en el 2004, 2005, 2006 y 2007 esto no era pecado. Es que yo digo que no hay ningún pecado. No hay ningún problema”
El funcionario se tomó varios minutos de la conversión con el periodista para darle explicaciones al asunto: “evento de riesgo, cambio en la destinación de los recursos”, que apareció en la Resolución 3656 del 22 de diciembre del 2009.
-El Ministerio de Hacienda no demandó. Dijo, detectamos unos riesgos... El Ministerio de Hacienda no es que diga que hay peculado por destinación diferente de fondos, porque nosotros respondimos y refutamos punto por punto y le dimos nuestros argumentos técnicos.
Del 20 al 29 de enero ocurrió una contratación de la misma naturaleza. “Les he dicho a la Contraloría y a los periodistas, ¿ustedes me podrían decir cuántos contratos hizo la Gobernación por SGP, o la Alcaldía de Villa del Rosario?, o ¿por qué todas las investigaciones están enfocadas a la administración de María Eugenia Riascos?”, contestó Ramírez Hernández.
Recordó la entrada en vigencia de la Ley de Garantías que por razones electorales congela la contratación directa. “Pero armaron un escándalo porque fueron $21.000 millones”, comentó.
Aseguró haber ido a los medios de comunicación a reclamarles que de esa cuantía descontaran $14.306 millones para la contratación con colegios privados de Cúcuta el servicio de educación para 14.000 estudiantes.
-A todo el mundo le interesa solamente lo que contrató la alcaldesa María Eugenia Riascos porque es a la única que denuncian, es a la única que persiguen. Como le digo, tenemos perseguidores de oficio, advirtió el titular de Hacienda Municipal.
¿Y los más de 80 contratos por $840 millones para el cumplimiento del programa de saneamiento fiscal y financiero?
-Hay que mirar si son $840 millones. Eso es lo que a ustedes les cuentan. Y, claro que son necesarios.
-Conformé un equipo que trabaja, prácticamente, día y noche para poderle dar seguimiento a los compromisos que adquirimos en el Plan de Desempeño. Tenemos que responder ante el Ministerio de Hacienda porque el Secretario de Hacienda es el líder del Programa de Saneamiento. Tenemos que tener una asesora jurídica, un contador, una economista y una administradora de empresas, porque el Plan de Desempeño tiene infinidad de actividades. El municipio venía en un desorden de más de 10 años, en la parte contable, en la parte de las acreencias, en la parte de las demandas judiciales.
-No le veo inconveniente y son recursos propios del municipio. También nos están criticando eso. No veo el porqué si estamos en un programa de saneamiento para buscar acomodar las finanzas del municipio.
-Cómo hace el Secretario de Hacienda sin gente para brindarle apoyo a las secretarías del municipio y responder por la información que piden los organismos de control y vigilancia, responder los derechos de petición, presentar los informes a la Contaduría General de la Nación, a la Contraloría y, aparte de eso, hacer seguimiento a un plan de saneamiento.
Lo que dicen los códigos penal y disciplinario
La luz del Código Penal, el cambio en la destinación de los recursos se tipifica como peculado por aplicación diferente.
El artículo 399 señala:
El servidor público que dé a los bienes del Estado o de empresas o de instituciones en que este tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en este, en perjuicio de la inversión social, o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en prisión de 1 a 3 años, multa de 10 a 50 salarios mínimos ($5’150.000 ó $25’750.000) e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.
El artículo 96 de la Ley 734 del 2002, o Código Disciplinario Único, sentenció:
Incurren en falta disciplinaria gravísima los servidores públicos que desvíen, retarden u obstaculicen el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones para los fines establecidos en la presente Ley o el pago de los servicios financiados con estos. Dichos servidores serán objeto de las sanciones disciplinarias correspondientes.
El artículo 48 del Código Único Disciplinario incluyó dentro de las faltas gravísimas:
-Autorizar u ordenar la utilización indebida o utilizar indebidamente rentas que tienen destinación específica en la Constitución y en la ley.
El artículo 44 indicó las clases de sanciones para los servidores públicos que incurrieron en faltas gravísimas:
-Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima.
-Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves o dolosas o gravísimas culposas.
De ñapa, la Ley 617 del 2000 en el artículo 67 fijó el control de cumplimiento de los planes de desempeño.
-Sin perjuicio de las competencias de las contralorías departamentales y municipales, el Ministerio de Hacienda, las entidades financieras acreedoras vigiladas por la Superintendencia Bancaria y la Contraloría General de la República harán control al cumplimiento de los acuerdos de reestructuración.
-El incumplimiento de los acuerdos de reestructuración será causal para sancionar a los alcaldes y gobernadores hasta con destitución del cargo.
-En caso de incumplimiento, la Contraloría General de la República abrirá juicios fiscales a los responsables de dicho incumplimiento.
El contralor municipal Rafael Angarita Lamk fue más lejos. Alertó que el municipio de Cúcuta podría caer en Ley 550, en caso de incumplir el Plan de Desempeño. Así lo notificó el 24 de marzo en una función de advertencia que en aquella oportunidad no le cayó en gracia a la administración.
En su momento, el Secretario de Hacienda, Alfonso Ramírez contestó: “Aquí lo importante es sanear el municipio, así para ello se empleen 10 ó 15 años, no importa cuántos, lo que sí interesa es que todos, incluyendo Concejo, Contraloría y Personería, debemos apoyarlo con entrega”.
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