Tomado Periódico EL TIEMPOEl Estado venezolano sigue el dictamen presidencial de que "la tierra no es privada sino propiedad social", de la mano de las intervenciones oficiales y el mutismo total por parte de los tribunales.
Cuando el domingo pasado el presidente Hugo Chávez declaró públicamente que sobre las tierras venezolanas "no existe la propiedad privada", finalmente aclaró la premisa sobre la que su gobierno ejecutará la revolución agraria con la que espera desconcentrar la propiedad de las tierras y proteger la "soberanía alimentaria".
Aunque la promulgación de la nueva Ley de Tierras, en el año 2001, reconoce la propiedad privada y establece ciertos procedimientos para la toma de tierras en manos de particulares, el Estado venezolano ha actuado sobre el dictamen presidencial de que "la tierra no es privada sino propiedad social", y lo ha hecho a través de dos prácticas que caminan de la mano: las intervenciones oficiales y el mutismo total por parte de los tribunales.
Así lo confirman los dueños de dos importantes haciendas del país, La Marqueseña y el Hato Paraima, predios que fueron intervenidos por el gobierno nacional en el año 2005 alegando que éstos terrenos le pertenecen al Estado. Y a pesar de la existencia de informes que daban cuenta de su productividad, también alegó que ambas fincas estaban produciendo muy por debajo de su potencial.
Según el Instituto Nacional de Tierras (Inti), en Venezuela hay al menos 6 millones de hectáreas de tierras están concentradas "en pocas manos", y hasta la fecha se enorgullece de haber "recuperado" unos 2,5 millones. Tan sólo en el último mes ordenó la intervención de hatos en los estados Barinas, Aragua y Carabobo que suman más de 60 mil hectáreas.
Ojos que no ven...
Carlos Azpúrua, uno de los dueños de La Marqueseña, corrió con la suerte de que pudo negociar directamente con el presidente Hugo Chávez sobre sus tierras, reconocidas como una de las principales productoras de carne, leche y cereales en el estado Barinas. De las 8460 hectáreas de la finca, el Estado tomó 6.000 y dejó a Azpúrua el resto, pagándole por los activos, mejor conocidos como 'bienhechurías', que corresponden a estructuras, casas, corrales, tanques, construidos en los terrenos.
"En el resto de las hectáreas nos dejaron trabajar y permanecer como 'presuntos propietarios', aunque tenemos todos los documentos de propiedad y la cadena titulativa de cómo llegaron esas tierras a nosotros desde la época de la colonia", explica resignado Azpúrua, quien señaló que pudo negociar hasta cierto punto porque el Inti no pudo demostrar la improductividad de la finca.
"Pero en ningún caso el Estado ha reconocido ni una hectárea como propiedad privada. Llevamos todos los papeles al Inti, que descartó los títulos de propiedad aunque no tienen la competencia para decidir sobre eso. En conclusión, tomaron la tierra por la fuerza y sólo nos reconocieron el pago de las bienechurías", explica el abogado de la familia Azpúrua, Giuseppe Rossitto. "Tenemos cuatro juicios pendientes para demostrar eso, entre otras cosas, pero desde hace años no han dicho ni una palabra, no hay ni un atisbo de decisión aún cuando el caso se encuentra en el Tribunal Supremo de Justicia".
Invasión, luego inacción
Jaime Pérez Branger, dueño del Hato Paraima, cuenta una historia similar. En su caso la intervención comenzó cuando decenas de campesinos invadieron parte de los terrenos del hato sin que hubiera reacción del Estado para defender los predios. No lo hace en ningún caso, aún cuando la Ley de Tierras establece que no podrán tener derechos sobre una tierra aquellos que la hayan invadido previamente.
Según la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, unas 450 fincas han sido invadidas y posteriormente expropiadas.
Pérez Branger también pudo negociar y logró que el Estado le reconociera y pagara por la mitad de las tierras de la finca, unas 32.000 hectáreas. Sobre el resto, aunque tiene todos los papeles en regla y los títulos de propiedad, el Estado sólo le pagó las bienhechurías. En ese caso también los tribunales han violentado todos los lapsos establecidos en la ley para dar una respuesta.
Aunque Azpúrua prefiere no hablar de cómo está la productividad en las 6000 hectáreas de La Marqueseña expropiadas, Pérez Branger sí comenta que las cooperativas a las que el gobierno les repartió las tierras del Hato Paraima apenas trabajaron unos meses y luego se marcharon. "Hoy hay una muy menguada producción en la zona, muchas cooperativas se han ido y hasta el mismo gobierno ha confirmado el fracaso de ese concepto. No es fácil trabajar las tierras sin asistencia constante y esos grupos como que no la tienen".
Con estas experiencias sobre los hombros, el presidente Hugo Chávez insiste en que su gobierno profundizará la "transformación de la estructura de la propiedad de la tierra", manteniendo las intervenciones -procedimiento rebautizado por el ministro de tierras, Elías Jaua, como "rescate"- y repartiendo los terrenos a proyectos de la Corporación Venezolana Agraria y a los Fundos Zamoranos. Estos últimos emulan la figura de las cooperativas de producción, en las que varios campesinos y sus familias se asocian para trabajar colectivamente las tierras asignadas por el Estado.
Cuando el domingo pasado el presidente Hugo Chávez declaró públicamente que sobre las tierras venezolanas "no existe la propiedad privada", finalmente aclaró la premisa sobre la que su gobierno ejecutará la revolución agraria con la que espera desconcentrar la propiedad de las tierras y proteger la "soberanía alimentaria".
Aunque la promulgación de la nueva Ley de Tierras, en el año 2001, reconoce la propiedad privada y establece ciertos procedimientos para la toma de tierras en manos de particulares, el Estado venezolano ha actuado sobre el dictamen presidencial de que "la tierra no es privada sino propiedad social", y lo ha hecho a través de dos prácticas que caminan de la mano: las intervenciones oficiales y el mutismo total por parte de los tribunales.
Así lo confirman los dueños de dos importantes haciendas del país, La Marqueseña y el Hato Paraima, predios que fueron intervenidos por el gobierno nacional en el año 2005 alegando que éstos terrenos le pertenecen al Estado. Y a pesar de la existencia de informes que daban cuenta de su productividad, también alegó que ambas fincas estaban produciendo muy por debajo de su potencial.
Según el Instituto Nacional de Tierras (Inti), en Venezuela hay al menos 6 millones de hectáreas de tierras están concentradas "en pocas manos", y hasta la fecha se enorgullece de haber "recuperado" unos 2,5 millones. Tan sólo en el último mes ordenó la intervención de hatos en los estados Barinas, Aragua y Carabobo que suman más de 60 mil hectáreas.
Ojos que no ven...
Carlos Azpúrua, uno de los dueños de La Marqueseña, corrió con la suerte de que pudo negociar directamente con el presidente Hugo Chávez sobre sus tierras, reconocidas como una de las principales productoras de carne, leche y cereales en el estado Barinas. De las 8460 hectáreas de la finca, el Estado tomó 6.000 y dejó a Azpúrua el resto, pagándole por los activos, mejor conocidos como 'bienhechurías', que corresponden a estructuras, casas, corrales, tanques, construidos en los terrenos.
"En el resto de las hectáreas nos dejaron trabajar y permanecer como 'presuntos propietarios', aunque tenemos todos los documentos de propiedad y la cadena titulativa de cómo llegaron esas tierras a nosotros desde la época de la colonia", explica resignado Azpúrua, quien señaló que pudo negociar hasta cierto punto porque el Inti no pudo demostrar la improductividad de la finca.
"Pero en ningún caso el Estado ha reconocido ni una hectárea como propiedad privada. Llevamos todos los papeles al Inti, que descartó los títulos de propiedad aunque no tienen la competencia para decidir sobre eso. En conclusión, tomaron la tierra por la fuerza y sólo nos reconocieron el pago de las bienechurías", explica el abogado de la familia Azpúrua, Giuseppe Rossitto. "Tenemos cuatro juicios pendientes para demostrar eso, entre otras cosas, pero desde hace años no han dicho ni una palabra, no hay ni un atisbo de decisión aún cuando el caso se encuentra en el Tribunal Supremo de Justicia".
Invasión, luego inacción
Jaime Pérez Branger, dueño del Hato Paraima, cuenta una historia similar. En su caso la intervención comenzó cuando decenas de campesinos invadieron parte de los terrenos del hato sin que hubiera reacción del Estado para defender los predios. No lo hace en ningún caso, aún cuando la Ley de Tierras establece que no podrán tener derechos sobre una tierra aquellos que la hayan invadido previamente.
Según la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, unas 450 fincas han sido invadidas y posteriormente expropiadas.
Pérez Branger también pudo negociar y logró que el Estado le reconociera y pagara por la mitad de las tierras de la finca, unas 32.000 hectáreas. Sobre el resto, aunque tiene todos los papeles en regla y los títulos de propiedad, el Estado sólo le pagó las bienhechurías. En ese caso también los tribunales han violentado todos los lapsos establecidos en la ley para dar una respuesta.
Aunque Azpúrua prefiere no hablar de cómo está la productividad en las 6000 hectáreas de La Marqueseña expropiadas, Pérez Branger sí comenta que las cooperativas a las que el gobierno les repartió las tierras del Hato Paraima apenas trabajaron unos meses y luego se marcharon. "Hoy hay una muy menguada producción en la zona, muchas cooperativas se han ido y hasta el mismo gobierno ha confirmado el fracaso de ese concepto. No es fácil trabajar las tierras sin asistencia constante y esos grupos como que no la tienen".
Con estas experiencias sobre los hombros, el presidente Hugo Chávez insiste en que su gobierno profundizará la "transformación de la estructura de la propiedad de la tierra", manteniendo las intervenciones -procedimiento rebautizado por el ministro de tierras, Elías Jaua, como "rescate"- y repartiendo los terrenos a proyectos de la Corporación Venezolana Agraria y a los Fundos Zamoranos. Estos últimos emulan la figura de las cooperativas de producción, en las que varios campesinos y sus familias se asocian para trabajar colectivamente las tierras asignadas por el Estado.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario