EL NUEVO APAGON
Tomado de la Revista Semana
Cerca de 160 municipios que en los últimos años han entregado a empresas privadas el manejo del alumbrado público están en una gran encrucijada. Un fallo del Consejo de Estado tumbó el impuesto con el que se pagaba este servicio en uno de los municipios -Calima El Darién, en el Valle del Cauca- y así dejó abierta la puerta para echar por tierra el cobro que se hace para tener encendidas las luces de las calles de buena parte del país. Si se respeta la jurisprudencia, de ahora en adelante, cualquier demanda sobre el cobro de alumbrado público debe ser fallada en el mismo sentido.
Eso significa que si las empresas privadas no reciben el pago de los ciudadanos, las Alcaldías tendrán que responder con la plata de sus arcas por esos millonarios contratos: en total son 250.000 millones de pesos los que se recogen cada año por este rubro en esas 160 ciudades, en negocios firmados hasta por 30 años. Y si las Alcaldías no tienen de dónde, tendrán que renovar sus fuerzas para las previsibles demandas por parte de los empresarios, y ver impávidos cómo se apagan las calles de sus ciudades.A Óscar Ospina, el alcalde de Calima El Darién, la decisión lo tiene buscando dinero de otras partidas para ver cómo cubre momentáneamente este hueco mientras encuentra una salida de fondo.El fallo no sólo afecta las concesiones. También -si alguien demanda- se podría caer el cobro en capitales como Medellín, que no le entregaron a la empresa privada el servicio sino que lo incluyen en la tarifa de servicios públicos. El alto tribunal considera que es ilegal este tipo de cobros.El alumbrado público es quizás uno de los servicios de los que la gente tiene poca conciencia, pero que es crucial en asuntos como la seguridad pública. No hay duda de que una calle oscura es aliada de la delincuencia. Curiosamente, la raíz de este 'nuevo apagón' se remonta al racionamiento de los años 90. En ese momento, una de las fórmulas que el gobierno encontró para ahorrar energía fue mejorar la tecnología con la que se iluminan los espacios públicos. Fue entonces cuando unos empresarios crearon el modelo de concesión y debía funcionar como otros de este tipo: un particular pone el dinero para las inversiones cuando el Estado no lo tiene, opera el servicio de una forma eficiente, y a cambio obtiene una utilidad razonable. En muchos sitios el pago lo resolvieron vía impuesto y para crearlo los municipios se apoyaron en unas normas de principio del siglo pasado que habían tenido poca evolución jurídica.Según cálculos de la Asociación Nacional de Alumbrado Público de Colombia, estos contratos operan el 35 por ciento de todas las luminarias del país, y el valor total de los contratos supera los cuatro billones de pesos. Hay decenas de firmas en este negocio, pero son cuatro las que lograron las mejores concesiones: Diselecsa, al mando de Remberto Merlano; Eléctricas de Medellín, de William Vélez; Construcciones Hilsaca, de Alfonso Hilsaca, y Servigenerales, de Alberto Ríos (ver recuadro).En sus inicios, las concesiones generaron mucha resistencia, pese a que hubo una mejoría en el servicio. La gente estaba acostumbrada a que este rubro lo pagara el municipio -como aún sucede en Bogotá- o que tuviera un subsidio. Pero además los cambios fueron tan bruscos, que fueron interpretados como excesos. Por eso protestaron en regiones como la Costa Caribe, donde hubo empresas que pasaron de pagar 800.000 pesos al mes por el servicio a 150 millones, y a algunos hogares les llega la factura por el alumbrado público casi del mismo monto que la de la energía de su residencia.Algunos de estos contratos fueron adjudicados en medio de polémicas e investigaciones porque no se hizo licitación pública, otros no tenían interventoría, y hubo mucha inquietud sobre cuál era el criterio usado tanto por alcaldes como por concejales para tomar estas decisiones que les están costando millones a sus comunidades. Fueron tantos los interrogantes, que a principios de esta década, el Congreso solicitó a la Contraloría General un control excepcional sobre este servicio y luego se volvió permanente.De esta forma fue creciendo un mercado en el que la regulación no ha avanzado al mismo ritmo que el negocio, y dejó de ser un tema marginal de unos municipios en las regiones que buscaron una fórmula ingeniosa para alumbrar sus calles, a ser para muchos un dolor de cabeza. Hoy sigue sin ser claro cuál es la tecnología que se debe utilizar, cuánto es el valor promedio nacional que deberían cobrar los concesionarios por cambio de bombillas, operación del servicio y mantenimiento, y mucho menos cuál es el parámetro para hacer el cobro del impuesto.En este último aspecto es en el que se fundamenta en gran medida el fallo del Consejo de Estado. Su reflexión es que si bien los municipios tienen autonomía fiscal, esta funciona dentro de unos parámetros que deben ser fijados por el Congreso a través de una ley. Esto es precisamente para evitar la discrecionalidad con la que se viene recaudando el impuesto de alumbrado hasta ahora. Hay municipios que toman como base para el cobro el valor del predial; otros, el consumo de energía, y algunos tienen como referencia la actividad comercial que desarrollan. Ante esta falta de claridad, los magistrados consideran que los municipios no están actuando con equidad, y por eso fallaron en contra del impuesto. Aunque ya comenzaron las estrategias de defensa del impuesto por parte de los alcaldes y los concesionarios, incluso vía tutela, en la práctica la única salida real parece ser que en el Congreso se tramite una ley que defina cómo se debe cobrar este impuesto. Mientras tanto, el riesgo de que estos municipios se apaguen es cada vez más inminente.
Eso significa que si las empresas privadas no reciben el pago de los ciudadanos, las Alcaldías tendrán que responder con la plata de sus arcas por esos millonarios contratos: en total son 250.000 millones de pesos los que se recogen cada año por este rubro en esas 160 ciudades, en negocios firmados hasta por 30 años. Y si las Alcaldías no tienen de dónde, tendrán que renovar sus fuerzas para las previsibles demandas por parte de los empresarios, y ver impávidos cómo se apagan las calles de sus ciudades.A Óscar Ospina, el alcalde de Calima El Darién, la decisión lo tiene buscando dinero de otras partidas para ver cómo cubre momentáneamente este hueco mientras encuentra una salida de fondo.El fallo no sólo afecta las concesiones. También -si alguien demanda- se podría caer el cobro en capitales como Medellín, que no le entregaron a la empresa privada el servicio sino que lo incluyen en la tarifa de servicios públicos. El alto tribunal considera que es ilegal este tipo de cobros.El alumbrado público es quizás uno de los servicios de los que la gente tiene poca conciencia, pero que es crucial en asuntos como la seguridad pública. No hay duda de que una calle oscura es aliada de la delincuencia. Curiosamente, la raíz de este 'nuevo apagón' se remonta al racionamiento de los años 90. En ese momento, una de las fórmulas que el gobierno encontró para ahorrar energía fue mejorar la tecnología con la que se iluminan los espacios públicos. Fue entonces cuando unos empresarios crearon el modelo de concesión y debía funcionar como otros de este tipo: un particular pone el dinero para las inversiones cuando el Estado no lo tiene, opera el servicio de una forma eficiente, y a cambio obtiene una utilidad razonable. En muchos sitios el pago lo resolvieron vía impuesto y para crearlo los municipios se apoyaron en unas normas de principio del siglo pasado que habían tenido poca evolución jurídica.Según cálculos de la Asociación Nacional de Alumbrado Público de Colombia, estos contratos operan el 35 por ciento de todas las luminarias del país, y el valor total de los contratos supera los cuatro billones de pesos. Hay decenas de firmas en este negocio, pero son cuatro las que lograron las mejores concesiones: Diselecsa, al mando de Remberto Merlano; Eléctricas de Medellín, de William Vélez; Construcciones Hilsaca, de Alfonso Hilsaca, y Servigenerales, de Alberto Ríos (ver recuadro).En sus inicios, las concesiones generaron mucha resistencia, pese a que hubo una mejoría en el servicio. La gente estaba acostumbrada a que este rubro lo pagara el municipio -como aún sucede en Bogotá- o que tuviera un subsidio. Pero además los cambios fueron tan bruscos, que fueron interpretados como excesos. Por eso protestaron en regiones como la Costa Caribe, donde hubo empresas que pasaron de pagar 800.000 pesos al mes por el servicio a 150 millones, y a algunos hogares les llega la factura por el alumbrado público casi del mismo monto que la de la energía de su residencia.Algunos de estos contratos fueron adjudicados en medio de polémicas e investigaciones porque no se hizo licitación pública, otros no tenían interventoría, y hubo mucha inquietud sobre cuál era el criterio usado tanto por alcaldes como por concejales para tomar estas decisiones que les están costando millones a sus comunidades. Fueron tantos los interrogantes, que a principios de esta década, el Congreso solicitó a la Contraloría General un control excepcional sobre este servicio y luego se volvió permanente.De esta forma fue creciendo un mercado en el que la regulación no ha avanzado al mismo ritmo que el negocio, y dejó de ser un tema marginal de unos municipios en las regiones que buscaron una fórmula ingeniosa para alumbrar sus calles, a ser para muchos un dolor de cabeza. Hoy sigue sin ser claro cuál es la tecnología que se debe utilizar, cuánto es el valor promedio nacional que deberían cobrar los concesionarios por cambio de bombillas, operación del servicio y mantenimiento, y mucho menos cuál es el parámetro para hacer el cobro del impuesto.En este último aspecto es en el que se fundamenta en gran medida el fallo del Consejo de Estado. Su reflexión es que si bien los municipios tienen autonomía fiscal, esta funciona dentro de unos parámetros que deben ser fijados por el Congreso a través de una ley. Esto es precisamente para evitar la discrecionalidad con la que se viene recaudando el impuesto de alumbrado hasta ahora. Hay municipios que toman como base para el cobro el valor del predial; otros, el consumo de energía, y algunos tienen como referencia la actividad comercial que desarrollan. Ante esta falta de claridad, los magistrados consideran que los municipios no están actuando con equidad, y por eso fallaron en contra del impuesto. Aunque ya comenzaron las estrategias de defensa del impuesto por parte de los alcaldes y los concesionarios, incluso vía tutela, en la práctica la única salida real parece ser que en el Congreso se tramite una ley que defina cómo se debe cobrar este impuesto. Mientras tanto, el riesgo de que estos municipios se apaguen es cada vez más inminente.
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