JUSTICIA PARA LOS DE ESTRATO 8

¿Y por qué no avanzan las investigaciones de otros miles de amenazados?
En Facebook también hay grupos de muerte para Shakira y Daniela Franco, mientras cientos de personas son amenazadas por grupos ilegales con panfletos que no son tan públicos. JUSTICIALa justicia fue inusitadamente ágil para encarcelar al joven que creó un grupo en Facebook que proponía matar al hijo del Presidente, pero en otros casos de amenazas más serias, la impunidad ha sido la norma.
Durante cuatro meses las autoridades siguieron minuciosamente a Nicolás Castro, un joven de 23 años que publicó en Facebook un grupo que proponía matar a Jerónimo Uribe, el hijo menor del presidente Álvaro Uribe. Ayer, en menos de 24 horas le dictaron medida de aseguramiento, lo capturaron, lo llevaron ante un juez de garantías y lo mandaron derecho a la cárcel La Picota, el techo de temibles criminales.

Desde el 9 de julio, cuando fue creado este grupo, hasta este martes 2 de diciembre, la Fiscalía y la Policía, con el apoyo del FBI, hicieron un exhaustivo seguimiento a Castro, estudiante de Bellas Artes en la universidad Jorge Tadeo Lozano. En este corto tiempo, las autoridades lograron conocer qué paginas visitaba en Internet y le interceptaron sus comunicaciones telefónicas. Supieron con quién se comunicaba, qué decía, desde qué computadores escribía correos electrónicos, por dónde se movía y dónde vivía.

Hoy está preso sindicado del delito de instigación para delinquir, por el cual podría pagar entre 6 y 15 años de cárcel. Según el Fiscal 12 de la Unidad Nacional Contra el Terrorismo, el grupo de Facebook fue creado por Nicolás el pasado 9 de julio, y estuvo en línea tres meses. Se unieron 15 personas, algunas, según dicen las autoridades, con vínculos con las Farc.

De acuerdo con la investigación, Castro ingresó más de 1.400 veces a buscar datos sobre la familia del Presidente y se comunicó más de 350 veces con su novia para decirle que él era el autor de esa amenaza y que “era en serio”. El general Gilberto Ramírez Calle, director de la Dijín, les dijo a los medios de comunicación que “tenemos comprobado que este joven es miembro de redes que instigan al terrorismo internacionalmente”.

Y como prueba, según el oficial, se tiene en cuenta que el muchacho “accedía a páginas que tienen que ver con las organizaciones terroristas de las Farc, Al-Qaeda y otros grupos terroristas del mundo”. En ese caso, el juez tendrá que aclarar si el hecho de que visitara páginas en Internet de grupos extremistas lo hace un delincuente. ¿Cuántas personas no lo hacen sólo por curiosidad, por necesidad de informarse o como objeto de estudio para académicos o periodistas? ¿Son todos delincuentes?

El hecho puntual es que las autoridades fueron particularmente activas en estas amenazas. ¿Se ha procedido de igual forma contra cientos de grupos en Internet que incitan a asesinar a otras personas? ¿Se trae al FBI para que investigue, por ejemplo, las amenazas a periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y políticos? Son algunas de las preguntas reiterativas de los usuarios de Semana.com en las redes sociales. “Ya quisiera uno que fueran así de efectivos cuando amenazan a cualquier persona”, dice una fuente de una organización que trabaja en la protección de víctimas de amenazas que ha conocido de varios casos en los que grupos armados que han demostrado cumplir sus amenazas intimidan a otras personas y la justicia no avanza en sus investigaciones.

La senadora Piedad Córdoba, desde su cuenta en Twitter, aseguró que por lo menos 20 grupos en Facebook han convocado a matarla. “Por qué no desaparecemos a Chávez y a Piedad Córdoba a plomo” y "Bomba Dirigible a Piedad Cordoba”, son dos de los grupos que invitan a asesinar a la senadora liberal, sin contar los otros cientos que suman odios contra ella y otros políticos. Pero la aversión en Colombia no sólo atañen a la política.

También hay grupos que invitan a asesinar a la cantante Shakira, a personajes de la televisión como la actriz que representaba a Daniel Franco en ‘Padres e hijos’. De ella, hay dos grupos que se llaman "Como matar a Daniela Franco?” y “Cuantos quisieran matar a Daniela Franco...”. Y los futbolistas no se podían escapar. Existe también un grupo que se llama “Yo también quiero matar a Rodallega”. ¿Esos grupos son simples movimientos de opinión que están lejos de tener intenciones criminales? ¿Por qué la justicia no ha operado contra quienes están en esos grupos? Naturalmente, cualquier amenaza contra el hijo de un alto dignatario del Estado, y en particular del Presidente, hay que tomarla, al menos por precaución, en serio. Para eso están hechos los esquemas de seguridad de las familias de altos funcionarios.

Pero proteger a esas personas implica también descartar los riesgos poco creíbles para enfocarse en los creíbles. ¿Tenía el joven de Facebook realmente la capacidad de llevar a cabo su amenaza? ¿Tenía los cómplices, las armas, los medios, y la intención real de penetrar el férreo esquema de seguridad que protege al joven hijo del Presidente con decenas de guardaespaldas armados y altamente entrenados? ¿Un asesino con verdaderas intenciones revela su plan en un grupo de Facebook , algo así como la mayor vitrina del planeta? ¿Si quería atacar realmente al joven dignatario para que hacerlo por una página virtual que fácilmente permite rastrear a quien la haya creado?

Es como si las amenazas de muerte que le llegan a tantos colombianos todos los días tuvieran nombre, dirección y teléfono del amenazante. A la Policía hay que reconocerle que comenzando noviembre capturó a 11 personas que, identificándose como integrantes de las Águilas Negras, extorsionaban y, según los oficiales, cometían "homicidios por encargo". Pero la captura se dio después de que, presuntamente, asesinaran a 20 personas y de un año de investigaciones. ¿Y de las amenazas creíbles qué? En este país hay amenazas que por su procedencia y por el contexto realmente tienen en peligro a mucha gente.

En varios de esos casos, aunque las autoridades están al tanto, la respuesta de las víctimas cuando se les pregunta en qué van las investigaciones es con frecuencia la misma: “eso se quedó así”. El caso más reciente de amenazas masivas conocido por Semana.com ocurrió el 29 de octubre.

Se trataba de un correo llamado “quinto boletín electrónico Águilas Negras” en el que ese grupo armado declara objetivos militares a ONG defensoras de derechos humanos y de desplazados en Bogotá y Cundinamarca. “Declaramos amenazas y muerte contra todas las organizaciones sociales que apoyan la labor de los desplazados y las políticas de las Farc y las organizaciones de desplazados a nivel nacional y con especial interés a las que se oponen a las políticas de búsqueda de soluciones a los desplazados planteadas por el gobierno...” En seguida, aparece una lista con 160 nombres de personas, la mayoría con apellidos y residentes de Bogotá. “Sabemos dónde viven, con quién viven, los recorridos que hacen, con quiénes andan y quiénes les ayudan”. Fuentes que han estado cerca de estos casos, le contaron a Semana.com que ni siquiera han recibido las medidas de protección que ofrece el Ministerio del Interior para población en riesgo de muerte por amenazas.

El reciente informe de la corporación Nuevo Arco Iris, titulado ‘¿El declive de la seguridad democrática?’, dice que “desde el 2006 en adelante, la modalidad predominante del uso de la fuerza por los neo-paramilitares es la amenaza e intimidación, que corresponden a más de la mitad de las actividades registradas de estos grupos, aunque hay que hacer salvedad que esas amenazas tienden a estar subestimadas por el riesgo que supone la denuncia ante las autoridades o ante la prensa.”. A los sindicalistas los mantienen en la mira.

Según William Millán, secretario Adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT), la justicia es muy ineficiente cuando amenazan a los sindicalistas. “Sólo recuerdo la captura del culpable de las amenazas a un sindicalista en Tuluá, Valle. En el resto de amenazas, la justicia no ha actuado oportunamente”. En el sindicalismo, el caso de un empleado de la Universidad del Valle es emblemático. “Lo han amenazado muchas veces y le ha tocado irse a vivir a varias ciudades, por las persecuciones que le han hecho.

Cuando fue a poner la denuncia ante la Fiscalía, le tocó madrugar y no alcanzó a que lo atendieran. Duró tres días solamente para que le recibieran la denuncia”, cuenta Millán. En el caso de los periodistas, las cosas no es que sean mejores. De las 65 amenazas a periodistas que la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha recibido este año, en ninguna se han reportado avances judiciales. Se han presentado casos de comunicadores que denuncian amenazas, y no son llamados a ampliar sus declaraciones o son citados mucho tiempo después.

Otros casos se cierran sin más ni más porque supuestamente no hay pruebas suficientes. Según un reporte reciente de la FLIP, “los procesos judiciales por casos diferentes a asesinatos no arrojan ningún resultado. Violaciones a la libertad de prensa con menos impacto social que el homicidio, pero con un efecto igualmente inhibitorio para informar, pasan desapercibidas.”. Y más adelante, enfatiza en que “es claro que no les llegará represión judicial alguna” a los autores de amenazas que logran amordazar a los periodistas.

Aunque parezca paradójico, quienes investigan esas amenazas y piden celeridad y acción a la justicia también son amenazados. Andrew Hudson, de la ONG Human Rights Firts, ha estudiado bastante el caso colombiano. Con base en sus hallazgos, dice que “la reacción de la justicia para iniciar procesos contra personas que amenazan a los defensores es pésima.

La mayoría de las violaciones de derechos humanos en contra de los defensores se quedan en la impunidad. Con esta cultura de impunidad, no hay mecanismos para disuadir los ataques en contra de activistas”, le dijo a Semana.com. Frente a este problema, a los afectados, por medio de organizaciones, les toca hacer cabildeo para buscar el apoyo de organismos internacionales. “Gracias a Dios, hemos recibido la solidaridad de la comunidad internacional, sobre todo de las agencias de Naciones Unidas”, le dijo una fuente que maneja asuntos de derechos humanos. Como parte de esa ayuda, se inició la Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos.

Pero eso no traerá justicia por sí solo. Se necesita la acción eficiente de los organismos judiciales de Colombia. Y sí pueden hacerlo. Ya lo demostraron en el caso de Jerónimo Uribe. Ahora tienen que hacer la tarea con el resto de colombianos amenazados.

TOMADO REVISTA SEMANA