Los hechos ocurrieron en el colegio Canapro, de Bogotá.
Se trataba de una fiesta particular de despedida de fin de año -en La Calera- que organizaron dos alumnos de noveno grado el pasado 20 de noviembre.
Los muchachos, de 15 y 16 años, tenían la aprobación de los respectivos papás para hacer la rumba, que costaba una boleta de ingreso de 16 mil pesos y en la que estaría un reconocido disc jockey de la ciudad.
Pero según contaron las madres de los dos alumnos, Piedad Varón y Claudia Barrotes, el pasado 12 de diciembre, día de la clausura del curso, las directivas de Canapro -que funciona en el norte de Bogotá- les notificaron que sus hijos ya no tendrían los respectivos cupos para ingresar al décimo grado, el próximo año.
Las razones expuestas por la institución para tomar esa drástica decisión fueron dos: los alumnos habían cometido una "falta grave" contra el manual de convivencia "al realizar compras, ventas o actividades no autorizadas o permitidas en el aula de clase (...)"-la venta de boletas- y "utilizar el nombre del colegio para promocionar un evento sin la debida autorización de la rectoría", según le precisó el colegio a Varón, al responderle un derecho de petición sobre el asunto.
Según las versiones de Varón y Barrotes, los seis buses que transportaron a los asistentes a la fiesta -acudieron cerca de 300 personas entre papás e hijos, compañeros y alumnos de otros colegios- fueron contratados "aparte del colegio" y "en ningún momento se afectó su nombre ni se usó la institución para la publicidad".
Sin embargo, el plantel convocó al Consejo Directivo para estudiar el caso y concluyó que las boletas estaban vendiéndose en el colegio, el servicio de transporte se ofrecía con salida del plantel "para asegurar permisos de los papás", actividades que habían "colocado en alto riesgo a la comunidad de estudiantes".
Por eso, resolvió que los dos organizadores de la fiesta no serían admitidos en el 2010, pese a que eran antiguos alumnos del plantel.
Las madres denunciaron el caso ante la Personería de Bogotá que, en seguida, les ayudó para elaborar una tutela por violación al derecho fundamental de la educación.
La directora de Relaciones con el Sector Privado de la Secretaría de Educación, Virginia Torres, dijo que se investigará lo sucedido para ver si hubo o no u n debido proceso. "El manual de convivencia no puede ir más allá de la Constitución"
Se trataba de una fiesta particular de despedida de fin de año -en La Calera- que organizaron dos alumnos de noveno grado el pasado 20 de noviembre.
Los muchachos, de 15 y 16 años, tenían la aprobación de los respectivos papás para hacer la rumba, que costaba una boleta de ingreso de 16 mil pesos y en la que estaría un reconocido disc jockey de la ciudad.
Pero según contaron las madres de los dos alumnos, Piedad Varón y Claudia Barrotes, el pasado 12 de diciembre, día de la clausura del curso, las directivas de Canapro -que funciona en el norte de Bogotá- les notificaron que sus hijos ya no tendrían los respectivos cupos para ingresar al décimo grado, el próximo año.
Las razones expuestas por la institución para tomar esa drástica decisión fueron dos: los alumnos habían cometido una "falta grave" contra el manual de convivencia "al realizar compras, ventas o actividades no autorizadas o permitidas en el aula de clase (...)"-la venta de boletas- y "utilizar el nombre del colegio para promocionar un evento sin la debida autorización de la rectoría", según le precisó el colegio a Varón, al responderle un derecho de petición sobre el asunto.
Según las versiones de Varón y Barrotes, los seis buses que transportaron a los asistentes a la fiesta -acudieron cerca de 300 personas entre papás e hijos, compañeros y alumnos de otros colegios- fueron contratados "aparte del colegio" y "en ningún momento se afectó su nombre ni se usó la institución para la publicidad".
Sin embargo, el plantel convocó al Consejo Directivo para estudiar el caso y concluyó que las boletas estaban vendiéndose en el colegio, el servicio de transporte se ofrecía con salida del plantel "para asegurar permisos de los papás", actividades que habían "colocado en alto riesgo a la comunidad de estudiantes".
Por eso, resolvió que los dos organizadores de la fiesta no serían admitidos en el 2010, pese a que eran antiguos alumnos del plantel.
Las madres denunciaron el caso ante la Personería de Bogotá que, en seguida, les ayudó para elaborar una tutela por violación al derecho fundamental de la educación.
La directora de Relaciones con el Sector Privado de la Secretaría de Educación, Virginia Torres, dijo que se investigará lo sucedido para ver si hubo o no u n debido proceso. "El manual de convivencia no puede ir más allá de la Constitución"
Tomado Periódico EL TIEMPO
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