EN RIESGO FUTURO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD PARA LOS EDUCADORES COLOMBIANOS.

Las Empresas Prestadoras del Servicio de Salud han comunicado a FECODE que no han recibido la prórroga de los contratos que se vencen en los meses de octubre, noviembre y diciembre por lo que 308 mil educadores se verían afectados en la prestación del servicio.

Por el derecho a la salud de los educadores, La Federación de Educadores de Colombia, FECODE, convoca a una gran protesta nacional el próximo 9 de septiembre en las principales plazas públicas del país.

Bogotá D.C., agosto de 2010. Sólo la voluntad del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio puede definir el futuro de la atención del servicio de salud para los educadores de Colombia. Urge la reunión del Fondo pues en los meses de octubre, noviembre y diciembre se vencen los contratos con las Empresas Prestadoras del Servicio de Salud para los educadores, dice Senén Niño Avendaño Presidente de FECODE.

La Junta del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio está conformada por la Ministra de Educación o su delegado, el Ministro de Hacienda o su delegado, el Ministro de la Protección Social o su delegado y dos miembros de la Junta Directiva de FECODE, que por votación definen la contratación de la prestación de los servicios de salud para los educadores de Colombia.

El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, fue creado para garantizar los servicios médicos-asistenciales, mediante contratos con entidades públicas y privadas (Ley 91 de 1989). Las condiciones en la prestación del servicio de salud a los docentes, depende de lo establecido en los términos de referencia cuya vigencia depende de la duración del contrato.

Las Empresas Prestadoras del Servicio de Salud han manifestado a FECODE que no han recibido la prórroga de los contratos que se vencen en los meses de octubre, noviembre y diciembre por lo que 308 mil educadores se verían afectados en la prestación del servicio.

“Hemos enviado varias solicitudes a la anterior y actual Ministra de Educación para que cite con carácter de urgencia al Consejo, pues es indispensable que no se dejen vencer los términos de contratación para que los educadores no se vean afectados”, destaca Niño Avendaño.

El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, fue creado para garantizar los servicios médicos-asistenciales, mediante contratos con entidades públicas y privadas (Ley 91 de 1989). Las condiciones en la prestación del servicio de salud a los docentes, depende de lo establecido en los términos de referencia cuya vigencia depende de la duración del contrato.

En el artículo 48 de la Carta política de Colombia, se concibe la salud como un derecho fundamental de los ciudadanos y que para el caso de los maestros no se cumple a cabalidad por eso FECODE ha convocado a una gran protesta nacional el próximo 9 de septiembre en las principales plazas públicas del país.

Panorama financiero de la salud de los educadores.

El Gobierno aporta 8.5%, los maestros aportan 4% para un total de 12.5%, los pensionados aportan el 12% del salario. Todo ello suma 1 billón 400 mil millones de pesos para el año 2010 de los cuales tan sólo 760.000 millones son realmente utilizados en salud y el resto lo utiliza el Estado para subsidiarse una obligación pensional con los educadores.

La Fiduprevisora quien ha sido durante 20 años la administradora de los recursos económicos; reconoce y paga las prestaciones sociales a los docentes; y contrata los servicios de salud para los maestros y sus familias en todo el territorio nacional.

Las Empresas Prestadoras del Servicio de Salud también han manifestado que los aportes que reciben son insuficientes para garantizar la buena prestación de los servicios de salud.

Desde el año 2005 en el Régimen Especial de Salud para los educadores se han producido dos reformas que han venido deteriorando el servicio de salud. Por lo que FECODE propone de gestionar un proyecto de ley en el Congreso que permita garantizar la financiación de la atención medico-asistencial para los educadores y que no esté supeditada a unos términos de referencia que implican cambios inesperados, sino por una ley que puede ofrecer estabilidad a la prestación del servicio de salud, concluye Niño Avendaño.