NUMEROSOS PROBLEMAS PROVOCO EL "APRETON" EN LA ALCALDIA DE CÚCUTA
El Ministerio de Hacienda descubrió irregularidades en la destinación de la plata que llegó a Cúcuta por concepto del Sistema General de Participaciones.Dichos dineros deben ir para educación, salud, deportes, cultura y vías. Además, como se trata de un municipio de primera, ni un peso de esos dineros puedes gastarse en funcionamiento, todos deben ir a inversión.“Sin perjuicio de los argumentos de la administración municipal, en la comisión fueron evaluados de manera aleatoria 17 contratos relacionados en el consolidado de la información.
De estos, 14 contienen objetos contractuales que difieren de los fines establecidos por las leyes 715 del 2001 y 1176 del 2007 y los lineamientos de Planeación Nacional”, precisó.
Para comprobarlo dio a conocer varias evidencias:
-Fortalecimiento del área de Dirección de Hacienda mediante el soporte mensual y mantenimiento del software de gestión y facturación de impuestos, por $104 millones.
-Aplicación y tabulación de la encuesta diagnóstico socioeconómico de los directivos de las juntas comunales de la Comuna 10, por $4,0 millones.
-Recepcionar y digitar las novedades, quejas y reclamos que presentan las madres cabeza de familia de las asociaciones, por $8,1 millones.
-Ingeniero de sistemas para elaboración de informes y soportes del sistema de información de Familias en Acción, por $9 millones.
-Prestar servicio de apoyo a la gestión dentro del programa familias en el proceso de novedades, por $6,4 millones.
-Asistencia profesional a la Secretaría de Hacienda para el control, evaluación y seguimiento de los procesos de fiscalización del recaudo, por $45 millones.
-Contrato de prestación de servicios para fortalecer la Secretaría de Hacienda para la admisión, curso y entrega de la facturación del impuesto predial, por $27,2 millones.
-Prestación de servicios profesionales para evaluar los programas de software y hardware para mejorar la capacidad de recaudo de las finanzas, por $28,8 millones.
El Plan de Desempeño aprobado por el Minhacienda y aplicado por la alcaldesa María Eugenia Riascos Rodríguez, dispuso dos caminos para solucionar este lío: la inmediata liquidación de los contratos o modificar la fuente de financiación con recursos propios. Sorprendió a la Subdirección Financiera del Ministerio de Hacienda, que para el manejo de los dineros del propósito general y asignaciones especiales, la Tesorería Municipal tenía cinco cuentas. Lo curioso es que ante ese despacho solo una está certificada.
La administración local recibió la orden de cerrar las no autorizadas y concentrar los montos en aquella que tiene el visto bueno.
Riesgo educativo
Graves faltas en el servicio educativo también empujaron al sometimiento del drástico plan de ajuste que incluye la reestructuración en la planta de personal, fortalecimiento en el cobro de la cartera y acciones concretas para pagar la deuda.
Entre el 2007 y el 2009 el municipio disminuyó la cobertura educativa frente a las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.Un gráfico mostró la evolución de la matrícula que en el 2007 sumó 171.697 alumnos, en el 2008 un total de 167.984 y el año pasado 164.678.
El gobierno municipal asumió el compromiso de actualizar el registro de matrículas para garantizar que al corte que haga el Ministerio de Educación para asignar los recursos, los datos coincidan.
La contratación de la prestación del servicio educativo deberá ajustarse a los lineamientos del estudio de insuficiencia aprobado por la cartera de asuntos educativos. Una de las obligaciones relacionadas con el personal administrativo de las instituciones educativas consiste en redistribuir funcionarios entre colegios y escuelas, luego de un estudio de la planta.
El 12 de febrero el Ministerio de Hacienda aprobó el Plan de Desempeño, razón por la cual empezaron a correr los 45 días para un examen técnico de la nómina de profesores y de directivos, que contemple la asignación de docentes por establecimientos educativos de acuerdo a la matrícula.
Para efectos de la evaluación, seguimiento y control a la ejecución de los recursos asignados para la gratuidad de la educación, se meterán bajo la lupa dos veces al año. Con el fin de alcanzar el equilibrio financiero del sector educativo y obtener los dineros que compensen el faltante generado en el 2009 y que se trasladó al 2010, el municipio elaborará el análisis de impacto que se obtendrá por la reducción de la contratación del servicio educativo.
Acciones en la salud
Según el Decreto 0083 del 12 de febrero del 2010, quedó abierta la posibilidad de someter a reestructuración a Imsalud que maneja la red pública de salud en la capital de Norte de Santander.
-En los 60 días siguientes a la aprobación del Plan de Desempeño la Alcaldía y la gerencia de Imsalud harán un diagnóstico integral de la empresa social del estado que maneja los puestos de salud, las unidades básicas y el Policlínico de Atalaya.
Se identificarán asuntos como la situación financiera e institucional, la distribución de la red de atención, las proyecciones de sostenibilidad financiera, los indicadores de calidad, las barreras de accesabilidad al servicio y las propuestas de mejoramiento o reestructuración de la entidad.-Con base en el resultado del diagnóstico aludido, en la reunión de seguimiento y control a la ejecución del Plan de Desempeño, que se convoque con posterioridad al vencimiento de esa meta, el municipio le dará a conocer a Arcesio Valenzuela Ordóñez, coordinador del proceso, el plan de acción que garantice, entre otros aspectos, la solución de las problemáticas identificadas en el análisis.
Quedó sonando la advertencia sobre el riesgo por “no disponerse de interventores para el régimen subsidiado de salud, con 399.000 afiliados en siete empresas promotoras de salud”.Lo anterior constituye el incumplimiento a la Resolución 660 del 2008, en la cual se define que los procedimientos de interventoría en dicho componente deben hacerse en forma continua, con una empresa habilitada y mediante convocatoria de méritos.
Cuando los comisionados estuvieron en la ciudad del 4 al 6 de noviembre del año pasado no operaba ese mecanismo y solo estaba en desarrollo la convocatoria por concurso.
Mala gestión financiera
La evaluación y análisis general de los procesos administrativos, institucionales, fiscales, presupuestales, contractuales y sectoriales del municipio, elaborado por la Dirección de Apoyo Fiscal, concluyó:-Desde el 2006 el municipio registra déficit en la ejecución presupuestal. A septiembre del año pasado los pasivos ciertos bordean los $182.200 millones.
-Según la Oficina Jurídica, en contra del municipio hay 1.660 procesos judiciales, de los cuales, 988 reflejan $172.736 millones y los 762 restantes no han sido valorados.-Las deficiencias en la gestión financiera del municipio se origina en la desarticulación entre las normas presupuestales y las actuaciones reales de los responsables, la atomización de la ordenación del gasto.-No hay cruces de información entre Presupuesto, Contabilidad y Tesorería.-Esta desarticulación lleva a un manejo inusual de las reservas presupuestales. No se hace el cierre de vigencia para determinar y constituir por acto administrativo las cuentas por pagar y las reservas.
-El sector educación registra situación deficitaria porque la nómina de docentes pagada en octubre del 2009 excede la planta viabilizada por el Ministerio. La contratación de la prestación de servicios educativos con el sector privado se hizo por $30.000 millones, superando en $9.000 millones al valor autorizado.-La información de saldos de tesorería, a diciembre de 2008 y septiembre de 2009, refleja diferencias con la información de ejecuciones presupuestales.-La administración municipal ejecuta un alto volumen de recursos por intermedio de la contratación de mínima cuantía, lo que permite evitar muchos de los controles y formalidades que por el objeto contratado debe tener cada uno de ellos.-Existen contratos con el mismo objeto o con una similitud tal, que parece configurarse el fraccionamiento de los contratos.-No se discrimina la información sobre la fuente de recursos que soporta la contratación, lo cual hace imposible el seguimiento de los recursos del Sistema General de Participaciones.
Tomado Periódico La Opinión
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