La camioneta que compró para su servicio la alcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos Rodríguez, tiene divididas las opiniones y el negocio que se selló por $161’774.920 quedó bajo la lupa escrutadora de la Contraloría Municipal.
En concepto del contralor Néstor Pacheco Rodríguez ese vehículo “no vale la plata que costó. Nosotros le estamos pidiendo a la concesionaria que vendió el carro que nos certifique el valor (por el que compró la alcaldía)”.
Pacheco Rodríguez señaló que por ahora lo que se conoce es el valor y que la compra de la camioneta Toyota 4 Runner, full equipo, modelo 2011, se hizo por contratación de selección abreviada (menor cuantía) el pasado 25 de mayo.
Al insistirle La Opinión sobre si ese costo era el real de la camioneta, el representante del órgano de control fiscal reiteró: “lo que tenemos (de información) en principio es que esa camioneta no vale eso, pero para poder asegurarlo debemos pedir los soportes”.
En los detalles suministrados por la Alcaldía a la Contraloría sobre el cuestionado negocios, se señala que la compra se hizo con recursos propios del municipio a la concesionaria Cúcuta Motor’s S.A.
La Opinión consultó en esta concesionaria el precio de la camioneta Toyota 4Runner, la misma que compró la Alcaldesa, y el asesor comercial Juan Alexander Mateus aseguró que el modelo 2011 tiene un costo $132 millones 900 mil. Aunque frente al valor por el que la compró la Alcaldía existe una diferencia de $28 millones, se desconoce si ese monto tenga algo que ver con el precio de más que pudo haberse producido por el ‘full equipo’.
El Contralor municipal advirtió, a manera de ejemplo, que si el costo de la camioneta aquí en Cúcuta es de $135 millones, ese mismo valor lo tendrá en las demás ciudades del país.
Las opiniones sobre este caso en la calle están divididas. Aunque en su mayoría los cucuteños consultados dijeron que esa plata mejor se hubiera destinado a la reparación de la malla vial o de las escuelas en mal estado. (Ver recuadro La gente opina).
Similar concepto se emitió desde el Concejo, aunque para el miembro de esa corporación Alejandro Canal Lindarte, la compra del carro se justifica porque “tanto el gobernador como la alcaldesa tienen que estar representados dignamente y tener a su servicio un vehículo decente, “aunque no sé si decente sea el (vehículo) de más alta gama”.
EL PROCURADOR REGIONAL NO CONOCÍA EL TEMA
Por su parte, el procurador Regional, Nelson Uriel Flórez Alarcón, al ser abordado sobre el particular señaló que no tenía idea de ese tema y que además cualquier acción que se tenga que emprender contra la Alcaldesa no era de su competencia directa.
Sin embargo, al ser enterado de que el contralor municipal había iniciado la recolección de información para determinar el inicio de un proceso de responsabilidad fiscal, en cuanto que el valor por el que se compró la camioneta de la alcaldesa no sería el real, señaló que su despacho aguardará la información que remita el órgano de control municipal y, de llegarse a producir, procederá a remitirla a la Procuraduría competente para ese caso (en la modalidad pública o contratación estatal) en Bogotá.
De todas maneras, Flórez Alarcón explicó: “por el simple exceso en el costo que se llegare a descubrir en ese negocio, eventualmente habría que emprenderse un proceso de responsabilidad disciplinaria (contra la Alcaldesa)”. Reiteró que del caso no conocía aún información.
El Personero municipal, Juan Carlos Bautista, dijo estar impedido para intervenir en el asunto. “No puedo ni siquiera opinar, porque eso es competencia de la Procuraduría”, subrayó.
LAS SANCIONES
En caso de llegarse a comprobar que en la compra de la camioneta hubo sobrecosto y, por consiguiente, detrimento fiscal, la Contraloría Municipal debería obligar a la alcaldesa a que retribuya al fisco local el excedente que se cobró de más en el negocio de compra del vehículo.
Pero además, la Procuraduría podría formularle cargos disciplinarios por este mismo asunto.
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