LOS ESCRITOS DE VELAIDES

DERECHOS HUMANOS Y EMERGENCIA SANITARIA EN CUCUTA
En abril, lluvias mil, era la expresión sabia de muchos de nuestros padres y abuelos; como afirmando el equilibrio de la naturaleza, que inexorablemente se cumplía y la predicción de aquellos se confirmaba. Parece ser que esos dichos en donde se conjugaban el empirismo y el ciclo de la naturaleza y donde su escaso conocimiento científico y su buena previsión les permitía hacerle frente a las lluvias por largas jornadas; hoy ni de vainas se tienen en cuenta para mejorar y buscar el desarrollo sostenido de una sociedad cucuteña, que se debate entre el alto costo de los servicios públicos y su prestación; claro está, que antes eran empresas de servicios públicos que garantizaban a la población gozar de derechos fundamentales, como el derechos al consumo de agua potable; como uno de los principios fundamentales del estado frente a su máximo elemento, la población o constituyente primario.
De una u otra forma, en mayor o menor aporte económico y practicando principios de: universalidad, economicidad, solidaridad, entre otros, se construyeron infraestructuras de empresas públicas para la prestación de servicios públicos básicos como: agua (acueducto), luz (energía), comunicaciones, etc., para la satisfacción del bienestar social o interés general, siendo garante el estado. Pero, para fortuna de unos y altos costos para la mayoría, lo social es particular, las pérdidas se socializan y las utilidades se individualizan. En lo que respecta a las Empresas Municipales, solo el recuerdo, porque ahora es AguasKapital, parece ser que no ha mejorado y sigue funcionando como desde su inicio en detrimento general; al menos, así se pudo sentir en el evento de la contaminación del rio Pamplonita, cuando el derrame de petróleo y lo que se está sufriendo como consecuencia del actual invierno, que según los meteorólogos hasta ahora comienza. Qué podemos esperar. No hay razón para que se someta a la población cucuteña a este tipo de vejámenes atentando contra su dignidad humana, uno de los pilares de nuestra constitución. Como consecuencia exponiendo a la población a enfermedades, también al verse obligada a consumir agua no potable que está siendo vendida por personas inescrupulosas, creando especulación y agravando el estado de incertidumbre que se vive. No es de extrañar que se originen problemas de orden público.
La administración municipal expide el decreto 0180 de emergencia sanitaria, que suspende las actividades académicas en las instituciones educativas de Cúcuta, medida que vulnera el derecho fundamental a la educación de de los niños y jóvenes, como si ellos fueran los responsables de la negligencia, imprevisión y mejoramiento de la estructura de las empresas que deben hacer los operadores del servicio (con razón dicen: que la cuerda se revienta por el punto más débil).
Creo, que no se trata de proferir un decreto de esta índole, solo para seguir afectando por conexidad derechos fundamentales constitucionales, sino que deben tomarse medidas que permitan: contrarrestar los abusos de especuladores que atentan contra el interés general, garantizar la prestación del servicio de agua apta para el consumo humano, controlar los expendidos particulares de abastecimiento de agua, garantizar el funcionamiento de la red de salud y educación, evitar problemas de orden público, entre muchos otros y lo más esencial es revisar el cumplimiento de los términos de concesión de prestación del servicio con la empresa AguasKpital, porque aunque es un operador particular recoge fondos sociales y presta servicios públicos para que se tomen las medidas legales correspondientes y no se siga abusando con lo más preciado de la persona, su DIGNIDAD.
Es de esperar que los operadores del servicio de agua y alcantarillado en Cúcuta, practiquen un poquito de sentido común para que haya una reciprocidad entre la prestación del servicio y sus valores, no con su consabida fórmula de promediar los seis últimos consumos, porque sería una agresión más contra la DIGNIDAD de la damnificada población. Quien debería estar representada de oficio por el señor Procurador para reclamar daños y perjuicios morales. Porque aquí, que no salgan con el cuentico de siempre, que por culpa del invierno y no por lo posiblemente obsoleta de la planta de tratamiento y la falta de diligencia para mejorar la prestación del derecho fundamental a los servicios básicos como es el agua.
Esto se debe a la privatización de los servicios públicos; no importa interés común, consagrado como principio en nuestra constitución. Esperemos que se acabe de privatizar lo poco que queda como: la educación, las fuentes de agua (que ya está latente en Cúcuta y Bucaramanga con el contrato de la empresa canadiense para explotar oro), los demás campos deportivos, el trabajo humano sometido a las cooperativas de trabajo asociado, el transporte masivo, el derecho de acceso a la justicia, etc., y cada cual trace su propio destino reeligiendo a los mismos.
Ramón Velaides Jaimes